Después de 8 meses de trabajo, la subcomisión de Reforma Electoral tiene listo el proyecto que podría debatir la Comisión de Constitución, este mes, y el Congreso este año. El doctor Hakansson analiza el tema.
Por Tania Elías. 15 mayo, 2017.
Para la Reforma Electoral que espera el país se han tenido hasta 3 propuestas: la del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la de la subcomisión parlamentaria y la del Ejecutivo. De todos los puntos que se pueden señalar, la expectativa por este gran cambio se ha centrado en el control del financiamiento de los partidos políticos, que a la larga podría evitar incluso la corrupción.
Sobre la posibilidad del financiamiento público, el doctor Carlos Hakansson, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, señala que tiene como finalidad evitar que el privado tienda a “hipotecar” al futuro gobierno y condicionar sus políticas. “Sin embargo, siendo realistas, esta medida sólo conseguirá reducir, pero no extinguir, los aporte privados en el mejor de los casos”, indica.
Dado que el financiamiento privado resultará inevitable, menciona que se espera que los partidos reciban aportes monetarios de procedencia legal y que con transparencia sean debidamente declarados.
Fin a la corrupción
¿En qué medida, una reforma garantizará que la corrupción no sea el futuro de los gobiernos locales y regionales, como ha pasado con los últimos mandatos? El doctor Hakansson considera que una legislación adecuada, elaborada como fruto de la experiencia de cuatro gobiernos democráticos consecutivos puede contribuir decididamente a mejorar los procesos electorales y la gobernabilidad, pero las correcciones que realice el derecho positivo (mediano plazo) nunca serán suficientes sino se complementan con la necesidad de formar a mejores ciudadanos (largo plazo).
Desde este mes, según la ONPE, se entregará por primera vez recursos públicos a cuatro partidos políticos y dos alianzas electorales, en cumplimiento de la ley vigente. Recibirán hasta diciembre 14.8 millones de soles y, en el presente quinquenio, 74 millones de soles. El JNE ha pedido a los partidos políticos usarlo “escrupulosamente”. El especialista considera que tiene que existir un debido control del dinero pues se trata de recursos públicos provenientes de los impuestos de los ciudadanos. “Si el Estado brinda financiamiento a los partidos debe fiscalizar con sumo cuidado el destino de dichos recursos. Se trata de una primera experiencia y esperamos que sea positiva”, refiere.
Las 3 propuestas
El 2016, cuando asumió el actual Gobierno, el Congreso conformó una Comisión parlamentaria a la que encargó elaborar un código electoral que, además de compendiar y sistematizar las normas electorales en un solo cuerpo legislativo, se ocupara de realizar un conjunto de reformas. Tras 8 meses de trabajo, su avance debe someterse a debate.
Esta propuesta se une a la de los organismos electorales que desde la anterior legislatura consolidó y presentó el Jurado Nacional de Elecciones. Se les suma la que ha elaborado el Ejecutivo y que la última semana de abril alcanzó al Parlamento.
Aunque para muchos, esta última puede reflejar que no hay unidad entre Parlamento y el Ejecutivo, el doctor Hakansson señala que el Ejecutivo tiene la facultad de iniciativa legislativa y puede solicitar al Congreso prioridad en su agenda para debatir los proyectos que presenta. “La decisión de enviar un proyecto de ley de reformas electorales seguro que tendrá coincidencias con el trabajo de la Comisión parlamentaria, todo lo demás será objeto del debate parlamentario y que es lo normal en un sistema democrático”, precisa.
Debate
De la propuesta del Ejecutivo, hay una medida que lo enfrenta al Congreso y al JNE, ya que mientras plantea reducir a solo el 1% el porcentaje para poder inscribir a un nuevo partido, los otros proponen mantener la valla en 4%.
El docente de la Universidad de Piura considera que la barrera electoral contribuye a que los partidos con mayor respaldo electoral puedan alcanzar representación parlamentaria que permita dimensionar el ejercicio de la política desde el Congreso. “Un parlamento con más de cuatro representaciones políticas dificulta los consensos, por eso es oportuno tener en cuenta que, en la práctica, a mayor representatividad se corre el riesgo de una menor gobernabilidad”, refiere sobre el tema.
Aunque el Ejecutivo, señale que “la idea es que el ingreso sea más fácil, pero las reglas para mantenerse sean difíciles”, el constitucionalista señala que se promueve la fragmentación del sistema. “Si bien es cierto que nuestra realidad política dificulta la posibilidad de tener un Congreso de composición bipartidista (Reino Unido, Estados Unidos, por ejemplo), considero que cuatro representaciones políticas, dos conformadas por partidos mayoritarios y dos por partidos que moderen los radicalismos, fomentarían más la gobernabilidad; sin embargo, el problema de fondo es otro, se trata de alta tasa de mortalidad que tienen las agrupaciones políticas y las crisis internas que se han generado en las más longevas”, comenta.
Plazos
De acuerdo con la Constitución, el plazo para aprobar la Reforma Electoral es antes que el Presidente de la República convoque a elecciones generales (al 2021).
Hay quienes creen que desde las próximas regionales ya se deben aplicar algunas reformas, como exigir, de cara a las presidenciales, que los partidos políticos participen en este proceso. ¿Qué tan conveniente es esto? El doctor Hakansson menciona que “nuestro sistema político se encuentra en formación, su evolución viene dada por la continuidad democrática, el récord de los cuatro periodos presidenciales consecutivos han propiciado la revisión de las reglas electorales, pero de las tres primeras agrupaciones políticas que nos han gobernado, dos de ellas han perdido inscripción y la actual que nos gobierna, por su origen y conformación, corre el riesgo de fragmentarse de cara a las elecciones del 2021”.
